San Juan, 22 jun (EFE News).- El Senado de Puerto Rico aprobó este lunes a viva voz el proyecto del Senado 1408 de la autoría del senador Ángel Martínez, que enmienda las Reglas de Procedimiento Criminal para actualizar el proceso de identificación de sospechosos o acusados de delitos.
La pieza legislativa, que está pendiente de la votación electrónica, señala que la identificación «incorrecta» por parte de testigos, «es la mayor causa de convicciones erróneas» en Estados Unidos según datos del “Innocence Project Network”.
Dicho estudio señala que el 70 por ciento de las convicciones que han sido revocadas como resultado de una prueba exculpatoria de ADN fueron el producto de una identificación a través de rueda de detenidos o de identificación de fotografías.
En el caso de Puerto Rico, el ordenamiento jurídico dispone en la Regla 252 de las Reglas de Procedimiento Criminal que el procedimiento de identificación de sospechosos, con anterioridad a juicio, mediante el mecanismo de rueda de detenidos o a través del uso de fotografías.
Sin embargo, según el autor de la medida, reseñado en el informe, el senador Ángel Martínez, no se contempló tomar las garantías necesarias para evitar identificaciones erróneas que podrían conducir a que personas inocentes “sean condenadas injustificadamente”.
Asimismo, estableció que el estado de derecho aplicable en dicha etapa es “flexible, se le ha restado vigor y formalidad, por lo que se arrebatan garantías constitucionales al sospechoso de delito que puede culminar en convicciones erróneas”.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, Henry Neumann, opinó en el informe positivo que «resulta necesario preguntarnos, el por qué no ofrecer garantías adicionales para evitar identificaciones inexactas de testigos oculares.
“De esta forma, se presenta un proceso más riguroso y formal, protegiendo las garantías constitucionales”.
“El Estado no puede desligar su responsabilidad constitucional de garantizar el debido proceso de ley y promover un sistema de justicia penal justo, con el pretexto de falta de personal o problemas fiscales. La libertad de una persona no puede en ninguna circunstancia supeditarse a ello”, acotó Neumann.
Tanto la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) como el Proyecto Inocencia de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana se expresaron a favor de la pieza legislativa
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